Diario Médico, 12 de agosto de 2016
La Generalitat Valenciana recurrirá el auto del TSJ de la Comunidad Valenciana que suspende cautelarmente la limitación de prácticas sanitarias de la Universidad Católica de Valencia en los centros públicos para garantizar el cumplimiento de la normativa y resolver las irregularidades inexistentes.
La Generalitat Valenciana ha asegurado que respeta el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) por el que se suspende cautelarmente la decisión de la Consejería de Sanidad que limitaba la realización de prácticas universitarias de estudiantes de Ciencias de Salud de la Universidad Católica de Valencia en hospitales públicos valencianos aunque lo recurrirá basándose en distintos hechos y fundamentos jurídicos.
Según ha informado en un comunicado el gobierno autonómico, desde el primer momento se ha tratado de «ordenar racionalmente la situación, ajustando al nuevo marco legal vigente las prácticas de Ciencias de la Salud en los centros del sistema sanitario público y resolviendo las irregularidades existentes».
Asimismo, ha asegurado que la Administración «ha velado en todo momento por los intereses del alumnado para que todos aquellos estudiantes de centros privados que hayan iniciado sus estudios puedan concluirlos«.
No obstante, desde la administración se ha apuntado que debe mantener el «respeto absoluto» a la normativa vigente, entre la que ha destacado la Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas que, según ha recalcado, «impide que profesionales de la sanidad pública puedan ejercer un trabajo en su horario laboral, -tutelar a estudiantes- para centros privados». En esta línea, ha insistido en que el hecho de que ese profesorado prestara sus servicios en horario de trabajo para alumnos de un centro privado «había originado una situación anómala y manifiestamente irregular».
La Generalitat argumenta que existe un nuevo marco normativo al cual se debe ajustar la Administración, el Real Decreto 420/2015, «de obligado cumplimiento, que obliga a reformular los conciertos entre las universidades y la Administración para regular las prácticas». Esta normativa, en su disposición final tercera, establece que un hospital universitario «solo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una universidad para la impartición de una misma titulación».
Por ello, señala que procedía «una urgente reorganización ajustada a la legalidad, a las necesidades formativas y con respeto a todas las universidades». Según explica el Consejo, tanto Sanidad Universal como Educación, Investigación, Cultura y Deporte «han tratado, en distintas reuniones con las universidades públicas y privadas (una de ellas el pasado 25 de julio), de regularizar estas situaciones manifiestamente irregulares, como es la obligación de este nuevo Gobierno».
El objetivo ha sido la «búsqueda de soluciones conjuntas con todas las universidades. Es decir, se está intentando corregir una situación a todas luces irregular y ordenar racionalmente el marco de formación de los estudiantes de Ciencias de la Salud de las universidades privadas, ajustado a la norma», ha insistido el gobierno en el comunicado.
A ello, según recalca, «se suma otra serie de irregularidades que se están resolviendo» puesto que los convenios de colaboración estaban «vencidos y sin vigencia, circunstancia que se puso en conocimiento de la Universidad Católica de Valencia el 31 de mayo de 2016. «La falta de vigencia de los mismos no ha sido objeto de alegación alguna por parte de la citada universidad», ha incidido el Consejo, quien ha destacado la inexistencia de comisiones mixtas, como las que sí existen en las universidades públicas, «que permite un marco de relación transparente y de diálogo entre las dos partes».
Además, a la situación el Consejo agrega la realización de prácticas en hospitales públicos «sin participación de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), órgano competente en la materia; o el nombramiento de profesorado sin pasar por procesos reglados y selectivos mínimos».
Calidad de la formación
La Generalitat, que explica que en el recurso que interpondrá la Abogacía se documentarán y fundamentaran debidamente estas argumentaciones, ha hecho hincapié en que la prioridad durante este proceso «ha sido siempre velar por el interés de los estudiantes y por que se garantice la calidad de la formación que se imparte en las prácticas en los centros e instituciones sanitarias públicas».
De hecho, la Administración ha resaltado que, para que todos los alumnos que ya hayan comenzado sus estudios puedan acabarlos y «no se vean perjudicados por el sistema irregular de prácticas que existía, la Administración continúa trabajando para cumplir con su compromiso de garantizar que todos los estudiantes matriculados con anterioridad al curso 2016-2017 en universidades privadas puedan realizar sus prácticas en centros sanitarios, y finalizar unos estudios que iniciaron sin tener conocimiento del sistema irregular de prácticas que existía».
