Diario Médico, 10 de octubre de 2016
La sanidad pública valenciana prioriza la educación pública ante la privada para realizar prácticas en sus instituciones.
Las consejerías de Sanidad y Educación valencianas anunciaron a finales de mayo la redistribución de las prácticas clínicas de los estudiantes de Medicina y el resto de Ciencias de la Salud para ajustarlos al decreto 420/2015 y a la ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que impide que un trabajador público tenga relación laboral con empresas privadas en su horario de trabajo. En la práctica, las universidades privadas sólo podrían acceder a centros privados y concertados.
Esta medida provocó una oleada de respuestas y llegó a los tribunales a instancias de la Universidad Católica de Valencia, aunque finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Valencia inadmitió el recurso. Las universidades privadas de momento han firmado convenios extraordinarios con la red pública, pero Sanidad ha dejado claro que no hay marcha atrás.
La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria manifestó recientemente que «la capacidad docente de los centros sanitarios, en este caso públicos, es limitada. Esta decisiónsupone ordenar y dar preferencia a los alumnos que han accedido a realizar sus estudios en las universidades públicas mediante un sistema de selección objetivo y transparente», algo que «no se produce» en las privadas. La sociedad ha llegado a pedir que se aplicara la medida sin transición, denunciando el exceso de personal en formación en los centros y situaciones en las que se daba prioridad sólo a los alumnos de la privada.
PRIORIZAR LA PÚBLICA
Para la Asociación Valenciana de Estudiantes de Medicina, el proceso «debería haberse realizado hace ya mucho tiempo», ya que consideran que «aquellos que puedan costear su educación médica en facultades privadas, deben asumir que una parte de la cuota irá dirigida a financiar su formación práctica», y que lo que tiene sentido es priorizar la formación en la pública.
En opinión de José Manuel Almerich, delegado del rector para la docencia en centros asistenciales de la Universidad de Valencia, «una adecuada valoración de la capacidad de formación del sistema sanitario y un mayor rigor en la autorización de plazas de nuevo ingreso en el sistema universitario público y privado podrían ser las claves para una mejor resolución del problema a medio y largo plazo». En este sentido, ha comentado, es necesario asimismo «una reflexión sobre las condiciones en las que se podría regular la utilización del sistema público sanitario por parte de las universidades privadas», aprovechando la experiencia de otras regiones.
EN CONTRA
Rosa Visiedo, rectora de CEU-UCH, insistió en el acto de inicio de curso de su universidad que «los estudiantes no son públicos o privados: son estudiantes«, y por tanto la Administración «debe poner a su disposición los recursos que necesitan para su formación, sin establecer diferencias por la titularidad de la Universidad en la que cursan sus estudios», prestándose a continuar con las negociaciones.
Otras voces, como María Remedio Yáñez, parlamantaria del PP, han acusado a los responsables de Sanidad y Educación de ser «sectarios» y «éticamente algo injustos», además de provocar un conflicto donde no lo había. Yáñez no sólo recordó que el decreto 420/2015 no diferencia entre universidades públicas o privadas, sino que insistió en que no se incumplía la Ley de Incompatibilidades porque «ningún tutor de prácticas cobra por dar clases en horario laboral, ni existe relación laboral con universidad pública o privada».
