Diario Médico, 9 de marzo de 2017
Como medida para garantizar la intimidad del paciente.- Varios profesionales ponen en cuestión la utilidad de que se limite el acceso de los estudiantes de grado a la historia clínica para salvaguardar la intimidad de los pacientes frente a la práctica docente actual en un debate organizado por la Escuela Nacional de Sanidad
El protocolo para garantizar que el personal de formación respeta la intimidad de los pacientes genera dudas respecto a su aplicación práctica, particularmente en lo que se refiere a limitar el acceso de los estudiantes de Ciencias de la Salud a las historias clínicas, que en principio tendrán que ser anonimizadas salvo consentimiento expreso del paciente. En un debate organizado por la Escuela Nacional de Sanidad dentro de una jornada técnica sobre el documento, se puso en relieve la dicotomía entre el derecho a la privacidad del enfermo y las prácticas docentes actuales.
Muchos de los que intervinieron en la jornada señalaron que era importante hablar de la aplicación práctica del documento, consensuado en la Comisión de Recursos Humanos del SNS, que contempla medidas como la identificación mediante tarjeta de estudiantes y residentes y limitar el volumen de personal en formación por paciente. Y en el debate se habló, pero no se llegó a un entendimiento claro entre los representantes de la Administración presentes en la jornada, que hicieron hincapié en que las normas están para cumplirlas, y los profesionales (tanto entre los ponentes como entre el público), que manifestaron la sensación de que no se entiende la realidad de la docencia clínica.
Mónica Terán (OMC): «El protocolo no es más que profesionalismo médico, que ya contempla el Código Deontológico»
Mónica Terán, vocal MIR de la OMC, recalcó que el protocolo «no es ni más ni menos que lo que entendemos por profesionalismo médico, ya contemplado en el Código Deontológico, pero recogido en una norma». Alabó la regulación del volumen de personal en formación y reivindicó la necesidad de dar recursos y tiempos a los tutores para asegurar la supervisión y la necesidad de formar en deontología desde la facultad.
Señaló en cambio que le preocupaba la supervisión directa de los estudiantes, sobre todo en el acceso a la historia clínica, disociada por principio: «Entiendo que en el caso de la investigación es necesario, pero si es un alumno que acaba de ver a un paciente y luego necesita saber algo más de él y necesita acceder a sus datos sin conocer su nombre… no termino de entenderlo y veo difícil de aplicar esta restricción».
Rosa Pulido, directora de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja-Universidad Autónoma de Madrid, apuntó la necesidad de evaluar la capacidad formativa real de los centros y que, sin discutir el derecho fundamental de la protección de los datos relativos a la salud, «hay que hacerlo compatible con la formación y requiere hablar y consensuar las cosas. Si no, podríamos hacer que el aprendizaje se constriña, comprometiendo la calidad». Por ejemplo, recordó que el uso de simuladores antes de ver a los enfermos es una buena práctica, «pero el trato humano se aprende con un paciente de verdad«.
Juan Antonio Vargas (UAM): «En cuanto entre a un hospital universitario, habría que pedir al paciente que firmara un consentimiento que incluyera el acceso a la historia por parte de estudiantes y MIR»
Juan Antonio Vargas, decano de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid, explicó que él tenía sentimientos contrapuestos respecto al protocolo. Por ejemplo, reivindicó el uso de simuladores, el aprendizaje de la deontología y el papel del tutor. Por otro lado, señaló que cuando él era estudiante «las historias eran de un acceso demasiado fácil para todo el mundo», algo que ha cambiado con la historia electrónica.
En cuanto al uso estándar de las historias anonimizadas, señaló que no lo veía claro por las dificultades técnicas. Hizo un llamamiento al sentido común para pedir al paciente que, «en cuanto entre por la puerta de un hospital universitario, dé desde el principio si quiere su consentimiento para que los estudiantes y residentes puedan acceder a su historia sin problema».
Mucho más crítica, Marina García, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, pidió que «se defienda la dignidad de los estudiantes». Desde su punto de vista, el protocolo en la práctica «desconfía e infantiliza a los estudiantes y en último término parece que nos quiere fuera«. Argumentó que hay que definir un rol concreto para el estudiante, «que no sólo aprenda, sino que aporte al sistema», y que hay que fomentar el trato con el paciente para que el estudiante aprenda la parte humana de la labor clínica.
Marina García (CEEM): «El protocolo desconfía e infantiliza a los estudiantes y en última instancia parece que los quiere fuera del sistema»
Varios asistentes manifestaron también sus inquietudes respecto a si se iban a limitar las prácticas clínicas y a que el protocolo no tiene en cuenta en principio de supervisión aplicada de forma progresiva tanto para estudiantes como para residentes que ya se tiene en cuenta en las unidades docentes. En el protocolo no se diferencia entre los alumnos de primeros cursos y los de sexto, y establece la supervisión directa del MIR del primer año en todos los casos, que muchos consideran imposible y además contraproducente para su aprendizaje.
Respeto a la norma
En el otro lado, los representantes de diferentes organizaciones gubernamentales apelaron al derecho a la intimidad y a la legislación vigente. Carlos Moreno, director de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, recalcó que es consciente de las dificultades que puede suponer para el centro tanto el acceso a historias disociadas, que él sí considera adecuado, y de la supervisión directa del residente de primer año en todo momento: «Sé que es imposible, pero al menos en el protocolo docente tiene que constar. A lo mejor el problema es que debemos ser más exigentes con la acreditación docente«. Sin embargo, recordó que la mayor parte del contenido se basa en normativa ya existente que no se ha aplicado adecuadamente.
El Defensor del Pueblo defendió que no se pretende perjudicar a los alumnos, sino reforzar el respeto a la intimidad
Adolfo Ezquerra, director general de Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad de Madrid, señaló en numerosas ocasiones que el protocolo debe de tomarse más bien como una garantía jurídica, puesto que recoge en un documento todo lo que hay que tener en cuenta al respecto. «Nada ni nadie puede justificar una vulneración a la intimidad. Los alumnos deben ser conscientes de la importancia de la confidencialidad y los pacientes deben conocer sus derechos. En nuestros hospitales tenemos muchísimos tipos de profesionales en formación y que hay que tener esto en cuenta, pero también hay mecanismos que facilitan las cosas a los universitarios«.
Bartolomé José Martínez García. jefe de área de Sanidad y Política Social de la Oficina del Defensor del Pueblo, defendió que el protocolo «no se elabora en contra de nadie» y que no se puede plantear una dicotomía insalvable entre intimidad y formación. «A mí me preocuparía que las normas se aplicaran de forma restrictiva, porque sería hacerlas inaplicables, pero lo que se pretende con esto es que el paciente, en ejercicio de su autonomía, decida lo que se hace. Lo cuestionable no es que haya estudiantes, sino que el enfermo no lo sepa».
En su papel de moderador, José Ramón Repullo, jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud, reconoció que el protocolo «se crea porque hay un problema» respecto al respecto a la confidencialidad de los datos de los pacientes, pero que una cosa es el ámbito jurídico y otra «el clínico, que es cuando ponemos en marcha cómo funcionan las normas y si se pueden aplicar. Podemos hablar de seguridad jurídica, pero cuando uno regula hasta la extenuación, lo que se queda fuera es la realidad«. Además, instó también a regular la capacidad gestora desde arriba «porque muchas veces los problemas se resuelven mejor desde abajo».
El otro moderador, Borja Castejón, vocal MIR del Colegio de Madrid, señaló que su sensación es que el protocolo ha sido elaborado «por alguien que no sabe cuál es la realidad de los médicos», pero ofreció la ayuda de la institución y de la Organización Médica Colegial (OMC) «para consensuar su aplicación práctica«.
