Redacción Médica, 3 de junio de 2016
La decisión de la Generalitat de privar a los estudiantes de la pública es aplaudida por las autoridades universitarias
La ‘crisis’ de las prácticas clínicas en la Comunidad Valenciana ha reabierto la batalla entre las facultades de Medicina públicas y privadas. Tras la decisión de la Generalitat de dar prioridad a los estudiantes de la pública en su proceso de formación práctico en el servicio de sanidad autonómico (con la aplicación del Real Decreto 420/2015 que, entre otros aspectos, indica que un hospital universitario solo podrá estar vinculado por concierto con una universidad para impartir formación en una misma titulación), se ha generado una tensión que ha llevado a reproche entre ambas partes, similares a los que se presentaron meses atrás en Murcia.
El decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Jaume I de Castellón, Rafael Ballester, ha apoyado la decisión de la Generalitat y denunciado, públicamente, que “los alumnos de las universidades privadas han estado copando las plazas de los hospitales y de los centros de salud de titularidad pública”. En este sentido, considera que “los alumnos de la pública, que tienen mayor excelencia al haber superado una nota de corte bastante más alta, tienen que adaptarse a los huecos de la privada, que han accedido a las titulaciones por otros motivos”.
Desde otras autonomías también ofrece respaldo a la formación pública. El decano de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Antonio Vargas, ha precisado a Redacción Médica que “comparto la decisión tomada de que los servicios públicos estén principalmente a disposición de los estudiantes del sector público”. De esta manera, recuerda que, antes de la implementación del Real Decreto 420/2015, “se produjeron acercamientos de las facultades privadas a los hospitales públicos. En el Infanta Sofía, por ejemplo, accedió una mientras había un concierto con la Universidad Complutense”.
El vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia, José María Abellán, también ha destacado a este medio su “total apoyo filosófico ante la decisión de vincular a los centros de salud públicos con las universidades públicas, estando en línea con lo que hemos venido solicitando en nuestra autonomía”. A pesar de que prefiere no hacer un análisis jurídico sobre la legalidad o no del acceso de instituciones privadas en los servicios sanitarios públicos, sí destaca que “se trata de una decisión enmarcada en una autonomía con una situación política diferente”.
El presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, Ricardo Rigual, considera que la solución está “en el cumplimiento del Real Decreto 420/2015, donde se establecen las condiciones para garantizar el buen funcionamiento de las prácticas clínicas y por tanto la calidad de la formación de grado”. En este sentido, ha pedido velar por “la situación de todos los estudiantes y garantizar su formación teniendo en cuenta los recursos disponibles lo que puede implicar ajustes futuros en la capacidad de alguna facultad», añade que «no se debe compartir un hospital universitario por mas de una facultad sean estas públicas, privadas ó una pública y una privada pues en todos los casos debe primar la calidad de la formación» .
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