Diario Médico, 8 de octubre de 2018

El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, es consciente del malestar de los decanos de Medicina por la ‘inflación’ de facultades, pero alega que la responsabilidad es compartida. Si la Aneca avala el título y la autonomía lo ratifica, Universidades tiene las manos atadas. Aun así, dice que las reglas del juego se pueden cambiar «si hay consenso».

Una de las primeras reuniones oficiales que José Manuel Pingarrón mantuvo cuando llegó a la Secretaría General de Universidades, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, fue con la Conferencia de Decanos de Medicina. Consciente de sus muchas reclamaciones, asegura que la puerta de su despacho estará siempre abierta para ellos.

PREGUNTA. De las 52 provincias españolas, sólo 19 carecen de una facultad de Medicina. ¿Tiene España medios e infraestructura para soportar 42 facultades?
RESPUESTA. Dotaciones y medios hay, otra cosa es que el sistema esté bien dimensionado, pero aquí la responsabilidad es compartida. El proceso está muy claro: cuando una universidad solicita un grado de Medicina, debe pasar invariablemente unos criterios de verificación que marca la ley; con el informe técnico de la Aneca, o de la agencia autonómica de evaluación, el Consejo de Universidades no pone problemas, porque el informe, repito, es técnico. El último paso, no lo olvidemos, es que la comunidad da el visto bueno a ese nuevo grado.En suma, es una cadena de responsabilidades en la que todos tenemos que poner sentido común. Medios hay, pero quizás la pregunta es si tiene sentido que en determinada autonomía o provincia haya una facultad.

P. De sus palabras deduzco que, solventados los requisitos técnicos, prácticamente nada impide que se apruebe un nuevo grado de Medicina. ¿Además de los criterios técnicos no podrían fijarse otros, como el número total de facultades existentes, su ubicación, distribución…?
R. Pues, sin duda, ése es un debate que podría abrirse en la Conferencia General de Política Universitaria, donde están sentadas todas las autonomías y, si es así, estaríamos encantados de participar.

P. Pero vamos a ver, si un consejero de Educación se presenta en la Conferencia de Política Universitaria con el proyecto de abrir una nueva facultad, ¿ve usted factible que el consejero de Educación de otra comunidad o la propia Secretaría de Universidades se opongan a ello?
R. Que haya otro consejero que se oponga no me lo puedo ni imaginar, pero más que nada porque el tema no le compete y seguramente no tiene elementos de juicio. Desde Universidades, si el título es correcto, está informado favorablemente y la autonomía da el visto bueno, ¿qué mecanismos tenemos para rechazarlo?

No me puedo ni imaginar que un consejero se oponga a abrir una facultad en otra CCAA, pero porque el tema no le compete

P. Insisto, ¿no podría modificarse la normativa vigente para arbitrar esos mecanismos, o para fijar los criterios adicionales de los que antes hablábamos?
R. Podría, pero sólo con el consenso de todos los agentes. Desde el ministerio, ni podemos ni queremos forzar a las autonomías a hacer algo que no quieren hacer; no tenemos capacidad para hacerlo, pero tampoco voluntad política. Ahora, si entre todos vemos que el número de facultades es superior al que el sistema se puede permitir, y entre todos vemos que hay que modificar esos criterios, no tenemos inconveniente en debatirlo.

P. Decanos y estudiantes de Medicina tienen meridianamente claro que el número de facultades ya es superior al admisible…
R. No digo que no, pero no sé si ese debate está tan arraigado en la estructura universitaria, porque nuestros interlocutores habituales son los rectores, consejeros y directores generales autonómicos. Si los decanos son capaces de trasladar ese debate a los consejos de gobierno de sus universidades y a sus comunidades, tampoco hay inconveniente alguno en abordarlo. Lo que pasa es que ese debate me parece que a veces es difícil de entender y, como les he dicho a los decanos, creo que requiere una pedagogía muy elemental. Si nos atenemos a la impresión general del ciudadano, el problema es que no hay médicos, que urgencias está colapsado o que en su centro de salud tardan en atenderle; eso se conjuga mal con pedir menos facultades y menos estudiantes, y se corre el riesgo de que la ciudadanía, e incluso los decanos de otras facultades, vean en este debate un problema exclusivamente corporativista. Si los decanos son capaces de hacer ver que su petición va en beneficio de la formación del médico y, por ende, de la calidad del sistema sanitario, será fácilmente defendible; en caso contrario, será muy difícil.

Ya me extrañaría a mí que las comunidades accedieran a revisar el papel de las agencias autonómicas de acreditación

P. Al margen de la Aneca, hay varias agencias autonómicas de calidad, que son las que fijan esos sacrosantoscriterios técnicos. ¿No cree que el hecho de tener su domicilio en la comunidad que pide una nueva facultad puede influir en la decisión de esa agencia?
R. Pues aquí me tengo que poner muy institucional: es lo que marca la ley. Mire, se puede aprovechar la anunciada reforma de la Ley de Universidades para abordar este tema, pero ya me extrañaría a mí que las comunidades accedan a cambiarlo. Si me pregunta a mí, como José Manuel Pingarrón, no como secretario general, yo prefiero que cualquier tipo de evaluación, sea cual sea, se haga lo más lejos posible del evaluado.

P. Vinculado al número de facultades está el numerus clausus, un límite legal que, según los estudiantes, se saltan sistemáticamente muchas facultades de Medicina. ¿Tiene constancia de ello?
R. En la Conferencia General de Política Universitaria se fija el número de plazas que se oferta en todo el territorio, y ése es el número oficial. Sé fehacientemente que en mi universidad [la Universidad Complutense] ese límite se respeta a rajatabla. No tengo datos que avalen la denuncia de los estudiantes y, si los hay, me gustaría tenerlos.Hasta donde yo sé, es muy difícil que las universidades públicas sobrepasen ese número, más allá de márgenes puntuales de error.

P. Otra queja recurrente de los decanos y de los estudiantes es el creciente desfase entre plazas de grado y plazas MIR. ¿Ha hablado ya con el Ministerio de Sanidad sobre este tema?
R. Sí, nos hemos sentado a hablar con ellos de dos o tres cosas, y éste es uno de los temas que salió, pero también debo decirle que aquí la voz cantante la lleva Sanidad.

P. Más allá de reuniones puntuales, ¿no debería tener Sanidad un asiento fijo en la Conferencia de Política Universitaria?
R. De hecho lo tiene, porque les invitamos y acuden a todas

P. Entonces, ¿su voz será muy discordante cuando se trata el tema del desfase entre grado y MIR?
R. Pues en la única a la que yo he asistido, que fue la última, no tengo constancia de una posición muy discordante, sino más bien de un diálogo para tratar de buscar la máxima adecuación posible entre ambos tipos de plazas.

El rechazo a abrir nuevas facultades exige una pedagogía muy elemental; si no, puede verse como una petición corporativista

P. El déficit de profesorado clínico es ya un grito de alarma en el grado de Medicina. ¿Revisarán los criterios de acreditación docente que fijó el Gobierno del PP para que la práctica clínica tenga el peso que piden los decanos?
R. Sin duda es un tema a estudiar. Me parece de sentido común que la práctica clínica tenga un peso importante en la acreditación docente; además, claro, de la investigación, porque no digo que la sustituya. Ahora bien, hay una comisión concreta de Medicina Clínica, y son ellos los que mejor pueden dilucidar si deben o no ajustarse esos criterios y cómo, e incluso si es posible fijar unos criterios específicos para Medicina Clínica.

P. Según datos de la propia Aneca, los profesores asociados suponen ya el 54 por ciento del total. ¿No se está abusando de una figura que, en teoría, estaba pensada como un refuerzo puntual?
R. Sin duda de la figura del asociado se ha abusado, y mucho, sobre todo porque la tasa de reposición impedía a la universidad contratar el profesorado que necesitaba. Todas las universidades son conscientes de ello y sus planes de actuación incluyen, en mayor o menor medida, controlar esta figura y atajar la precariedad que muchas veces va asociada a ella. No es entendible que haya docencia estructural a cargo de tantos profesores en precario y tan mal pagados. Haber recuperado una tasa de reposición del cien por cien ayudará a combatir esta situación, aunque es verdad que arrastramos un déficit acumulado de plantillas docentes de muchos años.

No es entendible que haya docencia estructural a cargo de tantos profesores asociados y tan en precario

P. El ministro de Ciencia se ha comprometido a poner en marcha una nueva Ley de Universidades en el plazo más breve posible, ¿cuáles son los ejes maestros de esa nueva norma?
R. Desde esta Secretaría General hemos empezado a trabajar ya en la creación de tres mesas de trabajo simultáneas: la primera abordará el estatuto del PDI y, entre otras cosas, nuevas formas de contratación para atajar la precariedad de la que antes hablaba; otra irá dedicada a la reforma de las enseñanzas, y ahí se incluirán aspectos como los criterios de calidad de las titulaciones, el papel de las agencias de evaluación, la estructura de los grados… Y la tercera mesa estará dedicada a la internacionalización de las universidades españolas. En líneas generales, el sistema universitario español es bueno, pero es indudable que todo es mejorable

P. Los rectores están muy de acuerdo con la necesidad de esa reforma, pero afirman que sin dinero esto es una especie de brindis al sol.
R. Pues, como en todo, cuanto más dinero haya, mejor; pero hay cosas puntuales e importantes que se pueden hacer incluso con el mismo dinero o con pocos aumentos, como diseñar una arquitectura más moderna y ágil en los procedimientos, menos burocratizada, más flexible e internacionalizada. Aun así, intentaremos hacer ver a Economía y Hacienda la importancia de esta reforma y la necesidad de dotarla.