STECyL-i, 5 de enero de 2019
Trabajadores en prácticas: inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, como asimiladas a trabajadores por cuenta ajena, para poner fin a su situación de desprotección.
Desde STECyL creemos que es una medida que las Universidades tendrían que haber implementando sin esperar a que les obligue un real decreto
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha advertido de que la obligatoriedad de cotización a la seguridad social de las prácticas curriculares, como establece un reciente Real Decreto aprobado por el Gobierno, puede suponer “un grave problema económico dificilmente asumible para las universidades”, así como una “disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones” a los estudiantes universitarios.
En un comunicado, la CRUE critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado de manera “sorpresiva y sin consulta previa a las universidades” del Real Decreto Ley 28/2018, publicado en el BOE el pasado 29 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Según la CRUE, el Real Decreto incluye en su Disposición Adicional Quinta la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan sus prácticas académicas externas, algo que “celebra” por “el reconocimiento del valor de las prácticas académicas y que éstas computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad Social“, aunque muestra su preocupación “por las posibles repercusiones de esta disposición”.
En ese sentido, los rectores y rectoras españoles encuentras “problemas importantes” en el texto aprobado por el Consejo de Ministros, “fundamentalmente en lo referido a quién y cómo debe hacerse cargo de las cotizaciones correspondientes”, y reclaman al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo “para abordar el desarrollo normativo previsto” para esta disposición.
La CRUE, que agrupa a 76 universidades públicas y privadas, señala que el Real Decreto “trata por igual las prácticas curriculares y las extracurriculares, olvidando que ambas tienen un carácter radicalmente distinto, sean o no remuneradas”. “Las prácticas curriculares forman parte de los planes de estudios universitarios como una asignatura más: se trata, por tanto, de una actividad académica obligatoria para los estudiantes matriculados en ella, a diferencia de las prácticas extracurriculares que tienen carácter voluntario”, explica.
Por ello, la CRUE advierte “de que una aplicación indiscriminada del Real Decreto Ley 28/2018 puede suponer la disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones, la discriminación en la formación de estudiantes de títulos profesionalizantes y no profesionalizantes, y una importante carga de gestión añadida en los servicios de prácticas de las universidades”.
También critica que “la norma no contempla las prácticas académicas externas de los estudios de formación permanente de las universidades, que cada vez cobran mayor importancia”. Por ello, solicita al Gobierno la apertura de esa mesa de diálogo para abordar la diferencia entre las prácticas curriculares y extracurriculares, el mantenimiento de la bonificación del 100% para las prácticas curriculares remuneradas y su extensión para las prácticas no remuneradas tanto curriculares como extracurriculares.
Asimismo, quieren negociar el tratamiento a las prácticas de los estudios de formación permanente, y el establecimiento de un procedimiento de alta simplificado y automatizado a la Seguridad Social para los estudiantes que realicen prácticas con bonificación, “con el objetivo de facilitar la nueva gestión que habrán de asumir las universidades y las entidades colaboradoras”.
