Redacción Médica, 23 de enero de 2017
La normativa, que está previsto que se apruebe en «un año y medio, dos años», busca implantar el modelo en todo el SNS
La normativa que regula el desarrollo profesional del médico en España está cerca de ver la luz. Según han indicado fuentes cercanas al Ministerio de Sanidad a Redacción Médica, la norma (que probablemente salga con rango de real decreto) será aprobada en un plazo máximo de “un año y medio, dos años”, es decir, que su puesta en marcha se hará efectiva antes de 2019.
Ese es uno de los compromisos a retomar por la ministra Dolors Montserrat en esta legislatura, tal y como indican estas mismas voces. A pesar de haber alcanzado dos acuerdos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), el desarrollo profesional se encontraba en los últimos tiempos en ‘stand by’. El primer acuerdo giraba sobre la filosofía del proceso, y el segundo, sobre la metodología de la evaluación.
Este parón se debía, principalmente, a que el Gobierno de España llevaba un año en funciones, impidiendo a la Administración central aprobar cualquier tipo de normativa que no fuese urgente. Por eso, el desarrollo profesional no ha había avanzado más después, y no había conseguido llegar al trámite de audiencia de la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad, aseguran estas mismas fuentes.
El objetivo de Sanidad es implantar una normativa que “establezca un modelo de desarrollo profesional para todo el SNS, con metodología voluntaria, periódica –cada seis años– y no punible”. Este último aspecto se refiere a que si el médico no supera el proceso establecido, no tendrá una sanción (como sí ocurre en Reino Unido), sino que deberá pasar un programa de mejora de las condiciones asociado a este proyecto. “El objetivo es garantizar la seguridad del paciente y mejorar la calidad de los servicios”, afirman estas voces.
Andalucía, la primera de España con este sistema
De momento, solo hay un servicio de salud en España que ya tiene un sistema de desarrollo profesional: Andalucía. En este sentido, el documento que prepara Sanidad es permitir a las regiones establecer un modelo voluntario y del cual tengan las competencias administrativas, lo que posibilita a cada comunidad compartir o no con aquellos agentes que tienen el conocimiento de hacer este procedimiento (es decir, los colegios provinciales, autonómicos y las sociedades científicas). En el caso de Andalucía, por ejemplo, esta comunidad ejerce esta competencia de forma directa y sin transferirla a nadie.
