Diario Médico, 23 de enero de 2017
Creen necesario un mayor consenso y redefinir aspectos como las competencias comunes. Cataluña, la única abiertamente en contra, para evitar que se paralice la puesta en marcha.
La anulación de la troncalidad será uno de los temas que estará sobre la mesa del próximo Consejo Interterritorial, que previsiblemente se celebrará en febrero.
El Tribunal Supremo anuló el decreto porque la memoria del impacto económico, de coste cero según el Ministerio de Sanidad, no se había realizado debidamente. Varias organizaciones han aprovechado el fallo judicial para pedir una revisión a fondo del contenido de la norma, contra la que se presentaron cinco recursos.
Siete de las autonomías (Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, La Rioja y Extremadura), consultadas por Diario Médico, están a favor de retomar el debate para mejorar o concretar aspectos de la norma y limar asperezas con algunas sociedades científicas.
Competencias
El consejero de Sanidad de Extremadura y uno de los padres de la troncalidad, José María Vergeles, afirma que «no está de más hacer una revisión en dos sentidos. El primero es la necesaria rotación en el periodo troncal de los futuros especialistas para adquirir las competencias de las especialidades generalistas de Medicina de Familia e Interna. El segundo es revisar las competencias, porque no es normal que necesariamente tenga que incrementarse en casi todas las especialidades un año de formación. El objetivo es permitir una formación en competencias comunes según el tronco, sin mermar las más específicas».
- La composición de los troncos, la acreditación de unidades docentes, las competencias o resolver los conflictos con las sociedades son algunos de los argumentos expuestos
La Consejería de Sanidad de Aragón «apuesta por la revisión de todo el proyecto, con transparencia y consenso con todos los implicados. Deberá contar con financiación suficiente, así como priorizar los puentes entre diferentes especialidades en lugar de troncos. Además, se debería favorecer la agrupación de la formación según los procesos».
País Vasco, a la espera de que el Gobierno central concrete su propuesta, afirma que colaborará en el desarrollo de la propuesta aprobada por el Interterritorial; «pero es cierto que para llevar a cabo un cambio tan significativo es necesario un nivel de consenso superior al alcanzado, por lo que correspondería una revisión a fondo integrando los puntos de vista que han quedado fuera. También debería aprovecharse para coordinar el continuo educativo entre grado».
Los responsables de Castilla-La Mancha valoran que «el decreto parte de muchas indefiniciones que hay que corregir», teniendo en cuenta las diferentes realidades autonómicas y al resto de interlocutores. Por ejemplo, «es conveniente redefinir los criterios de acreditación de las unidades para las nuevas especialidades troncales», para evitar problemas con las ya existentes, especialmente en hospitales medianos. También apoyan revisar la composición de los troncos y las especialidades independientes; integrar las especialidades de Enfermedades Infecciosas y Urgencias, redefinir competencias y tiempos de estancia y «adaptarlos a cada especialidad, en lugar de determinarlos de forma estándar» y analizar las necesidades para proceder a la evaluación por competencias.
Desde La Rioja apuntan que «toda sentencia debe ser acatada» y que «es precisa una revisión importante de la cuestión» entre las comunidades, dando por sentado que habrá «evidentes modificaciones en el proyecto».
Margalida Frontera, directora de Acreditación, Docencia e Investigación en Salud de Baleares, apunta que la anulación del decreto debe aprovecharse «para darnos voz a las autonomías en el proyecto» -critica que se ha trabajado con opacidad- y para escuchar a las sociedades.
Asturias señala que el decreto era «correcto», pero que «dada la oposición que ha existido en determinadas especialidades y en colectivos como los estudiantes, esperamos que el ministerio sea sensible para corregir o renegociar ciertos aspectos».
A la espera
No todas las autonomías se manifiestan a favor de revisar el decreto anulado. Desde Valencia, recuerdan que se enviaron distintas alegaciones en cuanto al impacto económico de la norma y el necesario consenso con las organizaciones profesionales, pero no se pronuncian acerca de qué hacer ahora. Andalucía y Castilla y León tampoco, «a la espera del planteamiento del ministerio».
Madrid apunta que el fallo judicial «no entra en el fondo de la normativa», pero que asumirá la decisión del ministerio: «Las comunidades presentamos nuestras alegaciones y ése fue el resultado. Si se decide redactar un nuevo proyecto, volveremos a participar, consultando con las sociedades».
Cataluña: “Nos arriesgamos a no poder cerrar el debate”
Sólo una autonomía se manifiesta claramente en contra de reabrir la negociación de la troncalidad: Cataluña. Fuentes del Departamento de Salud afirman que es «un proyecto estratégico al que no se quiere renunciar» y que el decreto aprobado «no contiene en todo su articulado el redactado que nos parece más adecuado, pero es suficiente para iniciar el desarrollo de la formación troncal». La Administración catalana, como la madrileña, recuerda que la anulación del decreto «se fundamenta sólo en la falta de memoria económica. Hay que subsanar este defecto cuanto antes y seguir con el proceso (…) No somos partidarios de reabrir la discusión de otros aspectos más técnicos del articulado. El riesgo de no poder cerrar algunos de los debates que se han puesto sobre la mesa es muy alto y ello conllevaría la imposibilidad de poner en marcha la troncalidad. Además, hay otros aspectos muy importantes dentro de la norma, como la creación de nuevas especialidades y de áreas de capacitación específicas que, sin tener una relación directa con la troncalidad, han quedado afectadas».